Costos sociales de transacción de la ley de restitución de tierras en Colombia: Un país sin reforma agraria
Palabras clave:
Costos sociales, derechos de propiedad, equidad, justicia, desigualdad, restitución de tierras, reforma agraria.Resumen
En el escrito se destacan los costos sociales de transacción a los que está abocado el aparato estatal en Colombia, con respecto a la legislación y programación institucional de la restitución de tierras, en un país sin una profunda y seria reforma agraria. La suma del conflicto armado con la desaparición de la política agraria a la par con otros intereses, inciden para contemplar los fundamentos que deben acompañar la iniciativa. Los costos sociales de transacción permiten establecer las bases sobre las cuales los diferentes agentes pueden estar dispuestos a conciliar, negociar y reparar en materia de restitución, lo que, lógicamente, implica accesos del orden estamental, privado y social. La restitución está sujeta a la proyección de una temporalidad que no advierte sobre las dificultades que el tema trae; seguidamente, irrumpe en la estructura de propiedad vigente en el país y, finalmente, no es concebido como un acervo para plantear la ineludible reforma agraria, fundamento del conflicto.Descargas
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Los artículos publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones del comité editorial.
La Revista JURIDICAS CUC respeta los derechos morales de sus autores, los cuales ceden al comité editorial los derechos patrimoniales del material publicado. A su vez, los autores informan que el presente trabajo es inédito (original) y no ha sido publicado anteriormente.
Contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor
Formato de certificación de originalidad del artículo por parte del autor
La revista JURÍDICAS CUC se guía por las normas internacionales sobre propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular por el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 y la ley 1915 de 2018.