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JURÍDICAS Cuc, vol. 19 no. 1, pp. 391–432, Enero - Diciembre, 2023

Efectividad en las acciones administrativo-jurídicas en México y Colombia en víctimas de desaparición forzada

Effectiveness in administrative-legal actions in Mexico and Colombia in victims of forced disappearance

DOI: https://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.14 

Fecha de Recepción: 2022/09/02. Fecha de Aceptación: 2023/05/17.

Rosa María Caycedo-Guío

Universidad Cooperativa de Colombia. Villavicencio (Colombia)

rosa.caycedo@campusucc.edu.co

Leticia Hernández-Flores

Colegio Mexiquense de Toluca. Toluca (Mexico)

hdez.flores02@gmail.com

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Para citar este articulo:

Caycedo-Guío, R. & Hernández-Flores, L. (2023). Efectividad en las acciones administrativo-jurídicas en México y Colombia en víctimas de desaparición forzada. Jurídicas CUC, 19(1), 391–432. DOI: http://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.14

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Resumen

Esta investigación establece las causas del delito de la desaparición forzada y analiza la vulneración de los derechos de la población expuesta en Colombia, y el Estado de México-México; identificando las consecuencias que impactan a las familias de las víctimas especialmente las mujeres. Con el propósito de conocer la efectividad de las acciones determinadas por los órganos Estatales y demás actores de la sociedad para apoyar a las víctimas en los dos países. La metodología utilizada es mixta con enfoque socio jurídico, analizando las leyes nacionales e internacionales, jurisprudencia y doctrina sobre los conceptos de víctima de desaparición forzada en las dos naciones. Los resultados establecen que, tanto en México como en Colombia, la desaparición forzada es una problemática social, la cual en los últimos años tiene especial vigilancia por las distintas entidades creadas para tal fin, por ejemplo, en el caso Colombia existe la Unidad de Víctimas de Desaparición Forzada, la Fiscalía General de la Nación; y en el caso del Estado de México-México existe la Comisión Nacional de Búsqueda y el Consejo Nacional Ciudadano, entre otras instituciones. Este aporte permite validar la importancia de las instituciones frente al esclarecimiento de los hechos de desaparición forzada en ambos países, logrando así la verdad y evitar la repetición. Aunque los dos países se configuren estructuralmente diferente, comparten una historia semejante entorno a este fenómeno. Se vislumbrará el panorama de la desaparición forzada a partir de la respuesta que han dado los distintos organismos encargados en los dos países.

Palabras clave: Acciones jurídicas; efectividad; desaparicion forzada; víctimas

Abstract

This research establishes the causes of the crime of forced disappearance and analyzes the violation of the rights of the exposed population in Colombia, and the State of Mexico-Mexico; identifying the consequences that impact the families of the victims, especially women. With the purpose of knowing the effectiveness of the actions determined by the State organs and other actors of the society to support the victims in both countries. The methodology used is mixed with a socio-legal approach, analyzing national and international laws, jurisprudence and doctrine on the concepts of victim of enforced disappearance in both countries. The results establish that, both in Mexico and Colombia, forced disappearance is a social problem, which in the last years has special vigilance by the different entities created for such purpose, for example, in the case of Colombia there is the Unit of Victims of Forced Disappearance, the Attorney General’s Office; and in the case of the State of Mexico-Mexico there is the National Search Commission, the National Citizen Council, among other institutions. The contribution allows validating the importance of the institutions in the clarification of the facts of forced disappearance in both countries, thus achieving the truth and avoiding repetition. Although the two countries are structurally different, they share a similar history of this phenomenon. The panorama of the forced disappearance will be glimpsed from the response given by the different bodies in charge in both countries.

Keywords: Effectiveness; forced disappearance; legal actions; victims

Introducción

El presente escrito da respuesta al planteamiento inicial de este trabajo, pero principalmente, esbozando una perspectiva o lectura mucho más comprensible del universo de cosas bajo estudio, presentando la información a partir de la resolución de una serie de preguntas que han sido de utilidad para el investigador y, seguramente, serán de utilidad para que el lector se familiarice con el contenido. ¿Cómo son y a qué clase de efectividad se hace alusión? ¿Cómo han participado las instituciones de los Estados en el análisis de la desaparición forzada? Análisis histórico de la legislación, cifras estadísticas y entidades que conocen de las acciones jurídicas, comisión delictiva y reparación sobre desaparición forzada, tanto en Colombia como en el Estado de México (México).

La información fue obtenida mediante el método cualitativo, documental, descriptivo de los acontecimientos que guardan relación con la temática, permiten aclarar ciertos conceptos y datos, reflejo de información netamente estadística, de consulta libre de fuentes oficiales, lo cual es de utilidad para apoyar el objetivo medular de este documento.

Esta investigación concluye que si bien los dos países han legislado y disponen de las instituciones y herramientas necesarias para combatir este flagelo, su aplicabilidad y la reparación de las víctimas no ha sido efectivo por la burocratización en los diferentes tramites que las victimas deben realizar para su reparación y no repetición; además que se continúan presentando casos de desaparición forzada en los dos países.

Desarrollo

Análisis de la desaparición forzada

Como primera precisión, vale la pena señalar que lo que en principio denominamos en esta investigación como —efectividad— en realidad hace alusión al término ‘eficacia’ en el entendido que, como señala la Real Academia Española-RAE (s.f.), “la eficacia es lograr el efecto de lo que se desea o se espera” (párr. 1). Uno de los primeros retos consistió en determinar cómo medir la eficacia (o efectividad, pero en adelante, referiremos efectividad), en términos de Derechos Humanos [DDHH] y, por otro lado, qué comprendía esa situación. En principio, estuvimos examinando análisis relativos a medir la efectividad en el ámbito legislativo, para lo cual acudimos a textos como los de Bárcena (2019) o de Caballero (2019), los que, aunque de mucha utilidad, fueron criterios que parecían razonables para hablar de una eventual medición de efectividad, el alma de esta investigación está en determinar concretamente si se le ha cumplido o no a las víctimas con respuesta institucional seria y efectiva, pues el enfoque parte de las víctimas.

De acuerdo con lo anterior, hablamos de verdad, justicia y reparación. Y si bien este trinomio de derechos hallan su expresión más significativa en los procesos de justicia transicional, como los que en estos momentos se experimentan en Colombia, en verdad su estudio en conjunto posibilita configurar un análisis mucho más claro de las responsabilidades que tienen los estados frente las afectaciones o las graves vulneraciones a DDHH. Es decir que, si bien cobran sentido en Colombia frente al proceso de paz, no es aplicable tal trinomio en México, dado que allí no existe proceso transicional alguno. Sin embargo, en notas periodísticas, ya se habla de que organismos y g­rupos de víctimas de afectaciones a DDHH han elevado solici­tudes para que en virtud de todo lo allí vivido, se contemple crear un especie de mecanismo transicional. Se reitera entonces que, no se pretende medir la efectividad a partir de si la justicia transicional ha cumplido o no su objetivo como una actividad judicial en conjunto, sino que con base en esas tres garantías fundamentales, individualizadas y mencionadas, se persigue discernir cuál es el panorama para las víctimas del flagelo de la desaparición forzada en ambos países. En términos de búsqueda de la verdad, la que se persigue identificar, es aquella que está vinculada con procesos judiciales los cuales condujeron a esclarecer los hechos sometidos a denuncia, ante los mecanismos de búsqueda y su posterior reflejo en una sentencia, y por otra parte, los resultados en materia de identificación de cuerpos y su posterior entrega a sus familiares; en síntesis, es la verdad construida sobre la búsqueda y el esclarecimiento judicial por parte de los organismos competentes.

Ahora, en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas [ICPPED] (Asamblea Nacional de la Organización de las Naciones Unidas-ONU, 2006), firmada y ratificada tanto por México como por Colombia, define a la desaparición forzada como:

[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (Art. 2).

Sin embargo, dando un alcance más amplio, en el Tercer Informe de Gobierno (2021) de la Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos [EUM] se ilustran los elementos de este flagelo:

  1. Privación ilegítima de la libertad: Es la manifestación material del acto que da inicio a la desaparición (secuestro, entre otros).
  2. Negativa a informar o reconocer la privación de la libertad, la suerte o el paradero del desaparecido: Básicamente es el resultado a que, la autoridad competente se muestre inactiva, precaria, deficiente o indiferente frente a la conducta criminal que dio origen a la desaparición, de tal manera que, deja en estado de in­defensión a quien denuncia, o se deja al abandono a la víctima directa en cuestión y se presenta en dos modalidades: omisión y acción.
  3. El sujeto activo: Es el ente ejecutante de la conducta constitutiva de delito, de manera que, como el fenómeno de la desaparición forzada comprende participación de organismos estatales, pero también de individuos o entidades criminales, se manifiesta en los siguientes bloques principales: intervención de órganos estatales y su extensión a particulares; los órganos del Estado como agentes de desaparición; los particulares como agentes de desaparición actuando por instrucción o bajo la dirección o control del Estado; y, los particu­lares sin conexión con el Estado como agentes de desaparición.

En la ICPPED hay una diferencia importante, la cual se encuentra reflejada en el sujeto-activo de la conducta, al punto de notar que nos habla de particulares sin conexión alguna con el Estado como responsables de la desaparición forzada de manera independiente. Esta situación no ha estado ajena al debate y, por tanto, se exponen algunos puntos de vista a tener en cuenta sobre esta polémica:

  1. Sobre la responsabilidad del Estado: Las víctimas y otros organismos de DDHH han sido los primeros en mostrar oposición al hecho de reconocer como responsables a personas ajenas al Estado, puesto que esto termina por ser un hecho el cual resta responsabilidad al mismo.
  2. Sobre las concepciones dogmáticas: Decir que el particular es responsable, hace que automáticamente no le sea exigible dar a conocer información sobre el paradero de la persona desaparecida en tanto esto podría implicar afectar el principio de no incriminación.

Ahora bien, corresponde determinar el alcance de lo que se entiende por víctima o, en este caso, el sujeto pasivo. Sobre esto nos señala el Tercer Informe de Gobierno (EUM, 2021) que, ha existido una amplia discusión entre expertos respecto de considerar quién es la víctima de este crimen, de tal manera que, la mayoría está de acuerdo en que existe una víctima directa, la cual no es otra que el individuo que es desaparecido, tal como lo refleja la ICPPED (ONU, 2006 art. 24), ya mencionada. No obstante, el mismo artículo en­seguida pone de presente que es víctima también “[…] y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada” (ICPPED, ONU, 2006, Art. 24). En este orden de ideas, también se resalta que, si bien la ONU ha hecho esfuerzos por elaborar tratados internacionales para dar protección a las víctimas y garantizar una eventual reparación, pero también incentivar el deber de los Estados de aunar esfuerzos en la búsqueda de desaparecidos, es una labor que no ha sido del todo satisfactoria por cuanto, como ilustra el Tercer Informe de Gobierno (EUM, 2021), algunos gobiernos des­conocen y son negacionistas de esta problemática, dado que prefieren no adherirse a los tratados,al pretender mantenerse al margen de eventuales inspecciones de organismos de DDHH, creando alrededor de esto un ambiente de desprotección y abandono a las víctimas.

Corresponde revisar el estado del arte en términos normativos en ambos países sobre la tipificación del delito en cuestión.

En México, desde la expedición de la llamada Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por parte del Congreso General EUM (2017), encontramos que, en el título 2º (De los delitos y responsabilidades administrativas):

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero (Cap. 3, Art. 27).

Es decir que, en esta normativa se mantiene la concepción sobre la exclusiva responsabilidad del Estado como sujeto calificado en la comisión de la conducta, excluyendo una posible responsabilidad independiente de un particular en la comisión de la conducta. A­demás, tiene la particularidad de eliminar la innecesaria estipulación que tiene la ICPPED al señalar como uno de los elementos la ‘sustracción de la ley’ de la persona.

Para el caso colombiano, encontramos la Ley 599 [Código Penal colombiano], Título III, sobre Delitos contra la libertad individual y otras garantías (Congreso de la República de Colombia, 2000a, Cap. I, Art. 165), el cual recoge lo plasmado en la Ley 589 de 2000b (Art. 268-A) (la que tipificó el delito), y según la cual comete el delito de desaparición forzada:

El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses, multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1 333.33) a cuatro mil quinientos (4 500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta (360) meses.

[...]

A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior (aparte tachado por la misma legislación al ser declarado inexequible por la Corte Constitucional).

Resalta en el caso colombiano, que la legislación penal colombiana, como señala el comité, es una legislación difusa que no se ajusta a la ICPPED, y pretende, en primer lugar, desligar la responsabilidad del Estado al señalar que los particulares, sin nexos con el Estado, pueden cometer esta conducta y su responsabilidad es exclusiva de estos únicamente, generando que de algún modo se libere al Estado de las responsabilidades que le son inherentes. Pero no solo eso, sino que a diferencia del caso mexicano (Congreso Genera­l EUM, 2017, Art. 29), la legislació­n colombiana no prevé responsabilidad clara o definida respecto del superior jerárquico en la comisión de la conducta, y la legislación penal colombiana no prevé con la misma suficiencia la protección de la niñez contra la desaparición forzada. Lo más llamativo es que se hagan responsables a particulares de manera independiente y sin nexos con el Estado, y la respuesta a esto la podemos hallar en la Sentencia de la Corte Constitucional colombiana C-317 (2002), la cual declaró inexequible la expresión tachada “particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley” (párr. 66; 91; 155; 184). Una última circunstancia la cual habría de tomarse en cuenta respecto del delito de desaparición forzada, es aquella relativa a la tipicidad y/o elemento subjetivo de la conducta. Nos explicamos, conceptualmente la desaparición forzada y el secuestro como dos delitos que tienen en su estructura algunas diferencias de índole dogmática, lo cual los hace fácilmente diferenciables, sin embargo, en la práctica no son tan diferenciables como podría desearse, en tanto que suele suceder que la desaparición forzada inicia casi siempre como un secuestro en apariencia, de tal manera que es muy difícil discernir para el investigador si lo que debe investigar es una desaparición forzada o un secuestro. Razón por la cual es bastante probable que solo hasta etapas avanzadas de la investigación se compruebe si en efecto es una desaparición forzada, y se atienda al elemento descriptivo que menciona la ley en ambas normativas.

Estadísticas en materia histórico legislativo-normativo, factor delictual y, en general, sobre la intervención estatal

La información estadística que aquí se plasma responde, casi que principalmente, de lo facilitado por las entidades especializadas en dicha tarea, en ambos países, en materia normativa, recogiendo todo aquello que es tocante a la desaparición forzada. El enfoque estadístico tomará en cuenta lo siguiente: 1) normatividad y desarrollo (histórico); 2) cifras de víctimas; 3) datos sobre justicia y comisión delictiva; 4) reparación (cifras).

Análisis del caso México

• Evolución legislativa

Esta revisión parte desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM] más reciente, hasta llegar al año en curso, 2021.

• Cifras de víctimas

Las cifras de desaparecidos en México, a corte 27-07-2021, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidos y No Localizadas [RNPDNO], indican un total de 221 648, con registros que parten desde 1964, donde se reportó, tal vez, el primer caso documentado de desapariciones. A la fecha de hoy se habla aproximadamente de 90 000 desapariciones o personas no localizadas, mostrando la magnitud del problema. Atendiendo concretamente a los datos, veremos que, como revela Tzuc (2020), coincidiendo con el RNPDNO, desde 2006, al iniciar el expresidente de México, Felipe Calderón, su guerra contra el narcotráfico, las cifras de desapariciones y el aumento de cuerpos sin identificar, aumentó drásticamente en comparación con años anteriores.

Esta situación no ha sido ajena a críticas por parte de organismos como Human Rights Watch [HRW], como señala Pradilla (2020), e incluso, el actual presidente de México ha llamado a la ciudadanía para que se abra la posibilidad de juzgar a los expresidentes. Ahora bien, para entender este registro deben hacerse algunas preci­siones: Este Registro, si bien es fruto de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (Congreso General EUM, 2017), no cumple con todos los parámetros que dicha legislación plantea, pues en su Artículo 106 estipula que el registro debería contener datos amplios como edad, sexo, residencia, escolaridad, ocupación al momento de la desaparición, y en definitiva, todo un contexto el cual permita conocer con claridad el caso concreto de desaparición, cosa que no sucede con el actual registro. El registro no distingue, entre personas desaparecidas y personas no localizadas, lo cual es un problema, y en teoría, una exigencia de la nueva Ley. El problema no solo se limita a estadísticas de desapariciones concretamente sino a los numerosos casos de cuerpos sin ser identificados que se encuentran —apilados— en el Servicio Médico Forense [SEMEFO] (su equivalente en Colombia es Medicina Legal) de todo el país, y a la fecha, según reporta Tzuc (2020) en un informe elaborado por Quinto Elemento y A donde van los desaparecidos, nos dan a conocer que: “En México al menos existen 38 mil 891 cuerpos sin identificar que pasaron por Servicios Médicos Forenses (Semefo) y se fueron acumulando a partir de 2006 y hasta diciembre de 2019” (párr. 1). Pero SitiosVerdad (2020) indica que la cifra asciende hasta los 50 000 casos de cuerpos sin ser identificados. Este número de cuerpos se agravó con la ausencia de sitios especializados para alojar estos cuerpos. A la postre el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense [MEIF], de acuerdo a Tzuc (2021), es un organismo encargado de apoyar en la identificación de cuerpos y que, si bien, fue creado a finales del año 2019, apenas hasta hace unos pocos días finalmente consolidó su estructura organizacional. En fin, es de señalar también que, de momento, no existe concretamente el banco de datos forenses que plantea la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (Congreso EUM, 2017), por lo cual, estas cifras son fruto de los familiares y organizaciones que han estado haciendo sus gestiones para organizar en la medida de lo posible estos datos y unificarlos.

Ahora, con relación a casos de desapariciones, acudiremos nuevamente al RNPDNO, el cual nos refleja, a corte del 5/09/2021, un aproximado de 10 000 personas desaparecidas y/o no localizadas. Arteta (2021) nos dice que, en el caso del Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México [EdoMex], las mujeres representan el 46% de personas desaparecidas, en el entendido de que, cada 12 horas una mujer desaparece. Pérez y la Redacción del Economista (2021) indican que el EdoMex figura entre los cinco estados con mayor cantidad de desapariciones. Por otra parte, atendiendo a lo revelado por Tzuc (2020), en sus cifras concernientes al periodo 2006-2019, el EdoMex concentra la mayor cantidad de estos cuerpos en comparación con otros Estados, arrojando alrededor de 5 490 casos.

• Datos sobre justicia y comisión delictiva

En términos de impartición de justicia, el panorama es aún más desolador. Europa Press Internacional (2021), coincidendo con lo revelado por el portal Verificado (2021), señalan que, del total de 90 000 casos sobre desapariciones solo han habido 35 sentencias, es decir un 99% de impunidad. Le Clerq y Rodríguez (2020) dan cuenta de que, México ocupa en su región el cuarto lugar en estos términos, coincidiendo con Human Rights Watch (HRW, 2021), sobre el alcance que ha tomado la impunidad en ese país, pese a reconocer recientemente la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (cosa que Colombia no ha hecho). A esto habría que sumársele lo peligroso que resulta a los familiares buscar a sus desaparecidos, Nuño (2021) indica como se documentan casos de familiares que buscaban sus desaparecidos y fueron asesinados. En términos de cifras, según estadísticas entregadas por el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], s.f.), respecto de los años 2010 al 2020 para condenas relativas al delito de desaparición forzada: en los años 2020 y 2019 no hubo sentencia condenatoria alguna; y, para los años 2018-2017 se —resolvieron— 4 casos de desaparición forzada y, hubo una sentencia condenatoria. En años anteriores al 2017, debido a la antigua tipificación de la conducta, los registros son difusos para determinar a qué clase de delito se debe acudir o para concretizar resultados.

• Cifras en materia de reparación

En términos de reparación, esta labor está delegada en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas [CEAV], la cual se encarga de participar en la reparación y apoyo de personas víctimas de afectaciones a sus derechos humanos. Esta institución es muy polémica, Lemus (2018) informa que, en cuanto a víctimas de desaparición forzada, el CEAV, entre 2015 y 2017, solo otorgó compensaciones a 68 personas: 16 víctimas directas y 52 indirectas. Igualmente, familiares critican el rezago en el Registro Nacional de Víctimas [RENAVI] el cual se muestra colapsado en enlistar y reconocer a las víctimas; no solo eso, sino que en febrero del 2020, hubo un desplome en la reparación de víctimas, de hasta un 80%, disminuyendo drásticamente el alcance de estas reparaciones. También existen casos de deficiencia en a atención a las víctimas de desaparición forzada, tal como lo refleja un comunicado de familiares de personas desaparecidas (CNDH México, 2021), en el cual denuncian que la CEAV les ha negado una atención y apoyo, a pesar de haber desarrollado enfermedades a raíz de la pérdida de sus familiares, alegando que no existe nexo causal entre una cosa y otra. Asimismo, hay casos concretos sobre que la CEAV ha estado —litigando en contra— de las víctimas, de manera que emprendió acciones judiciales, —amparándose—, afirman en Lítigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS, 2021), en su propia negligencia en la atención de víctimas, al no querer reconocer, a pesar de sentencias judiciales, la indemnización a familiares de un hombre desaparecido.

Análisis del caso Colombia

• Evolución legislativa

Para el caso colombiano, se procede a presentar esta evolución en orden cronológico, de lo más antiguo a lo más reciente:

• Cifras de víctimas

El conflicto interno en Colombia se remonta a los años de 1958-1960, y persiste, con menor intensidad, en la actualidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] (2016) nos ofrece un corto resumen cronológico sobre la evolución de la desaparición forzada, así:

1970-1981. La irrupción de la desaparición forzada: “la contención de la amenaza comunista.

1982-1990. La generalización de la desaparición forzada: una guerra cambiante en un contexto turbulento.

1991-1995. La contención de la desaparición forzada: La distensión y el re­acomodo del conflicto armado en un nuevo contexto.

1996-2005. La explosión de la desaparición forzada: Expansión paramilitar, fortalecimiento guerrillero y crisis del Estado.

En estos últimos 60 años de conflicto, según la Red Nacional de Información [RNI] (s.f.), el conflicto armado ha dejado un estimado de 9 millones de víctimas, tanto directas como indirectas, a corte del 31 de julio de 2021. En términos de desaparición forzada, las víctimas directas de desaparición forzada son 151 521 y un total de 35 296 indirectas, para un total de casi 180 000 víctimas. En cuanto al departamento del Meta (Colombia) se tiene un saldo de 7 716 víctimas directas y 7 083 víctimas indirectas de este flagelo. Por su parte, consultando la plataforma del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLCF] (s.f.), hasta el año 2021, en teoría, aglutina todos los reportes al comprender sobre el Registro Nacional de Desaparecidos [RND]; actualmente hay un presunto saldo de 32 721 personas en condición de desaparecidos forzosamente, mientras hay 131 375 casos —sin clasificar—. En el caso del Meta, señala que continúan desaparecidas 6 908 personas, destacando que hay 3 114 de desapariciones forzadas y otros 4 510 sin determinar. El Observatorio de Memoria y Conflicto [OMC] (2021) reporta 80 674 víctimas, donde podemos mirar los casos según el responsable de la comisión de la conducta (paramilitares el 48% de los casos de desaparición forzada, el resto se dividen entre guerrillas diversas), también permite ver los departamentos con mayor incidencia de casos, siendo Meta el segundo (5 280 víctimas), solo por debajo del departamento de Antioquia. Igualmente, identifica que la mayor parte de las víctimas fueron campesinos. Gracias al anterior registro podemos saber que una gran mayoría de estos casos ocurrieron entre los años 2000-2010. Según Mingorance (2019a), acudiendo a la consulta de lo que reporta la base de datos de la Fiscalía, en el Sistema Penal Oral Acusatorio [SPOA] hay 45 307 noticias criminales relativas a Desaparición Forzada (Ley 599, Congreso de la República de Colombia, 2000, Art. 165; Ley 589, Congreso de la República de Colombia, 2000) con fecha del 10/10/2018 y 35 871 personas víctimas de desaparición forzada a fecha 10/09/2018. Ante esta confusión en fuentes y cifras, la ONU con su Comité contra la Desaparición Forzada (2021), reitera que no existe una única base de datos y las existentes no tienen datos concretos.

• Datos sobre justicia y comisión delictiva

Según nos revela Mingorance (2019b), hasta el mes de octubre de 2018, en la Fiscalía reposan 41 799 procesos sobre desaparición forzada en etapa de indagación, de las cuales 1 574 noticias están en etapa de investigación preliminar, 206 noticias en etapa de investigación, 891 noticias en etapa de instrucción, 201 noticias señaladas como querellables, 207 noticias en etapa de juicio, 1 noticia sin datos de etapa y, finalmente, 337 noticias en etapa de ejecución de penas. Esto se traduce en que tan solo el 0.81% de los casos han tenido sentencia condenatoria, mientras los demás se encuentra en una etapa muy temprana a nivel procesal penal. En el caso de procesos adelantados ante la JEP relacionados con ese delito, existen algunas condenas. Ante este panorama de impunidad, Mingorance (2019a) arguye que, determinar la impunidad es un tema de medición complejo, pero se toma la labor de plasmarlo en porcentajes, de donde podemos concluir que, a partir del número de casos de desaparición forzadas reportados por el Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] y aplicando los criterios del Sistema Penal Oral Acusatorio [SPOA] de la Fiscalía sobre adelantamiento de etapas judiciales, hay un 99.51% de impunidad; en el Meta, al menos, habría un 99.82% de impunidad.

• Cifras en materia de reparación

Siguiendo con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada [CED] (ONU, 2021), se manifiesta que: “[…] de las 185 422 víctimas de desaparición forzada registradas en el Registro Único de Víctimas, solo una pequeña parte (12 490) haya recibido reparaciones, las cuales se han limitado a compensaciones económicas” (p. 7). Es decir, solo el 6% de las víctimas ha recibido una reparación de índole económica.

Metodología

Investigación cualitativa, con enfoque socio jurídico, análisis de leyes nacionales e internacionales, jurisprudencia y doctrina sobre víctima de desaparición forzada. Mediante un análisis de las estadísticas de víctimas de desaparición forzada del departamento del Meta en Colombia y el Estado de México en México, a través de las diferentes entidades de los Estados, para así establecer si los E­stados le han prestado asistencia y han realizado algún tipo de seguimiento sobre dicha problemática. Se utiliza el método deductivo, partiendo de los diferentes informes de las entidades competentes sobre las victimas de desaparicion forzada.

Resultados-Discusión

Organismos o entidades responsables

Sobre el caso México

Se procede a mencionar cada una de las entidades o instituciones que intervienen directamente en el proceso de lo relativo a las desapariciones forzadas, así:

En fin, a grandes rasgos esas son las entidades que contemplan las dos legislaciones, quizás más importante en términos de víctimas de desaparición forzada en el país de México.

Sobre el caso Colombia

Al igual que lo hicimos en líneas anteriores, nos limitamos a enunciar las entidades que participan de esta labor o juegan un papel de gran importancia en esta tarea:

Conclusiones

A lo largo de esta labor investigativa, se destacan las observaciones más relevantes, sin embargo, se resume con los puntos que se consideran cruciales de atención:

Frente al caso México

Luego de las recomendaciones plasmadas en líneas anteriores y de todo este recorrido por el fenómeno de la desaparición forzada en México y Colombia, es momento de ofrecer unas breves palabras sobre nuestra perspectiva acerca de esta situación. Es de carácter urgente que los Estados se apropien de esta problemática; no mas indiferencia frente al fenómeno. Es una situación que, si bien puede parecer que no deja estela de humo alguno, a largo plazo puede convertirse en un problema que colapse la institucionalidad y la capacidad de reacción de los Estados. Si no se atiende oportunamente, el caso de Colombia puede replicarse, pues a pesar de las múltiples recomendaciones a lo largo del tiempo y de su amplia historia en conflicto, de tener una legislación más —antigua— en materia de búsqueda de desaparecidos, sus problems están latentes, como si nunca se hubiese adoptado medida alguna. Al comparar la situación de México y Colombia, pese a las diferencias en términos de conflicto interno, en la práctica, uno y otro país, comparten problemáticas semejantes. Sorprende que, en el caso colombiano, no obstante todo lo vivido y experimentado, esta problemática se mantenga aún. Lo anterior, al punto de que se encuentra casi que en un estado situacional y de respuesta semejante al de México, al cual se le reconoce el tener una legislación mucho más completa. Como he venido manifestando a lo largo de las participaciones en ponencias cuando he dado a conocer esta situación, la clave está en la voluntad de los gobiernos: hace falta voluntad. México, Colombia, es indistinto; lo cierto es que al final del día, quienes realmente están afectados por esta situación se sienten abandonados y, como muchos casos documentados en México o Colombia, familiares han tenido que salir en completa soledad a buscar a sus seres queridos por su propia cuenta, con la incertidumbre acerca de lo que pueda sucederles y en un estado de desprotección.

Referencias

Agencia EFE. (2021, agosto 30). La búsqueda de desaparecidos en México choca con el desdén de las fiscalías. La Estrella de Panamá. https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/210830/busqueda-desaparecidos-mexico-choca-desden-fiscalias

Arteta, I. (2021, julio 6). Desaparición de mujeres se concentra en 5 estados; en Edomex ocurre una cada 12 horas. Animal Polí­tico. https://www.noroeste.com.mx/nacional/desaparicion-­de-mujeres-se-concentra-en-5-estados-en-edomex-ocurre-una-cada-12-horas-KE1161826

Bárcena, S. (2019). ¿Cómo evaluar el desempeño legislativo? Una propuesta metodológica para la clasificación de las iniciativas de ley en México y América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 64(235), 395–426. https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2019.235.63130

Caballero, R. (2019). Apuntes metodológicos para evaluar la efectividad de una ley. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 51(154), 411–423. https://doi.org/10.22201/iij.2448­4873e.2019.154.14148

Centro de Memoria Histórica. OMC. (s.f.). El conflicto en cifras: desaparición forzada. CNMH. http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/desaparicion-forzada/

CNMH. (2016). Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia. CNMH. http://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/hasta-encontrarlos/

CNDH México. (2021, abril 15). Comunicado de Prensa 099/2021. CNDH. https://www.cndh.org.mx/comunicado/4921/comunicado-de-prensa-0992021

CNDH México. (s.f.). Firma del Estatuto de Roma - Corte Penal Internacional. https://www.cndh.org.mx/noticia/firma-del-estatuto-de-roma-corte-penal-internacional

CPI. Estatuto de Roma, 17 de julio de 1998. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

EUM. Congreso General. (2017). Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. DOF 17 de noviembre de 2022. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmdfp.htm

EUN. Congreso General. (2013). Ley General de Víctimas. DOF 9 de enero de 2013. https://www.diputados.gob.mx/Leyes­Biblio/ref/lgv.htm

EUM. Congreso General. (2013). Ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos. DOF 2 de abril de 20. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm

EUM. Presidencia de la República. (2021). 3 Informe de Gobierno 2020-2021. Gobierno de México. https://www.gob.mx/tercerinforme

EUM. Presidencia de la República. (1931). Código Penal Federal. DOF 14 de agosto de 1931. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

EUM. Congreso Constituyente. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5 de febrero de 1917. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Europa Press Internacional. (2021, enero 17). México reconoce más de 82.000 personas desaparecidas y solo 35 sentencias. Europa Press. https://www.europapress.es/internacional/noticia-­mexico-reconoce-mas-82000-personas-desaparecidas-solo-35-sentencias-20210117140358.html

Herrera, L. (2021, julio 21). Base Nacional de Información Genética, hasta el 2023. Reporte Indigo. https://www.reporteindigo.com/reporte/base-nacional-de-informacion-genetica-hasta-el-2023/

HRW. (2021, enero 11). México. Eventos de 2020. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377395

IDHEAS. (2021, marzo 19). CEAV litiga en contra de víctimas de la desaparición forzada. IDHEAS. https://www.idheas.org.mx/comunicaciones-idheas/sala-de-prensa-idheas/comunicados/ceav-litiga-en-contra-de-victimas-de-la-desaparicion-forzada/

INEGI. (s..f.). Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. https://www.inegi.org.mx/programas/cnijf/2022/

INMLCF. (s.f.). Registro Nacional de Desaparecidos. Medicina Legal. https://siclico.medicinalegal.gov.co/consultasPublicas/

Le Clerq, J. y Rodríguez, G. (2020). Índice Global de Impunidad 2020. Escalas de Impunidad en el Mundo. UDLAP. https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf

Lemus, J. (2018, marzo 5). ¿Y el dinero? CEAV sólo ha reparado el daño a 68 de 1,576 víctimas de tortura. Reporte Indigo. https://www.reporteindigo.com/reporte/atencion-a-victimas-llega-la-reparacion-recursos-compensaciones-estadisticas-transparencia/

Mingorance, F. (2019a, febrero 28). Los datos de la Desaparición Forzada de personas de la Fiscalía General de la Nación. Human Rights Everywhere. https://desaparicionforzada.com/los-datos-de-la-desaparicion-forzada-de-personas-de-la-fiscalia-general-de-la-nacion/

Mingorance, F. (2019b, abril 5). Cálculo de la impunidad para el delito de Desaparición Forzada en Colombia. Human Rights Everywhere. https://desaparicionforzada.com/calculo-de-impunidad-de-desaparicion-forzada-en-colombia/

Nuño, A. (2021, agosto 4). Buscaban a un familiar desaparecido; fueron asesinados. A dónde van los desaparecidos. https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/08/04/buscaban-a-un-familiar-desaparecido-fueron-asesinados/

OEA. Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, 28 de marzo de 1994. http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-60.html

ONU. Asamblea Nacional, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 20 de diciembre de 2006. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced

ONU. CED. (2021). Colombia - Observaciones sobre la información complementaria [CED/C/COL/OAI/1]. Organización de las Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/colombia-observations-additional-information

ONU. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, 18 de diciembre de 1992. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1428.pdf

Pérez, M. y Redacción El Economista. (2021, agosto 31). Desaparecen 23 personas a diario con López Obrador. El Economist­a. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desaparecen-­23-personas-a-diario-con-Lopez-Obrador----20210831-0006.html

Pradilla, A. (2020, Enero 15). No hay ningún esfuerzo serio en investigar quién está detrás de las desapariciones: HRW. Animal Politico. https://web.archive.org/web/20221001045829/https://www.animalpolitico.com/2020/01/no-hay-esfuerzos-investigar-quien-detras-desapariciones-hrw/

RAE. (s.f.). Eficacia. https://dle.rae.es/eficacia

República de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de la República de Colombia 1991. Gaceta Constitucional 116 de 20 de julio de 1991. http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica

República de Colombia. CBPD. (s.f.). Quienes Somos. http://www.comisiondebusqueda.gov.co/index.php/nosotros/quienes-­somos

República de Colombia. Congreso de la República. (2021). Ley 2071. Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales. Diario Oficial No. 51.544, de 31 de diciembre de 2020. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2071_2020.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2019). Ley Estatutaria 1957. Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. DO: 50976, de 6 de junio 2019. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1957_2019.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2018a). Ley 1922. Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. DO: 50658, de 18 de julio de 2018. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1922_2018.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2018b). Ley 1908. Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. DO: 50649, de 9 de julio de 2018. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1908_2018.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2017a). Decreto Ley 589. Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. DO: 50197, de 5 de abril de 2017. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0589_2017.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2017b). Acto legislativo 01. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80615

República de Colombia. Congreso de la República. (2012). Ley 1537. Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. DO: 48467, de 20 de junio de 2012. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1537_2012.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2011a). Ley 1448. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. DO: 48096, de 10 de junio de 2011. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2011b). Ley 1453. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. DO: 48110, de 24 de junio de 2011. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2011c). Ley 1437. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. DO: 47956, de 18 de enero de 2011. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2010a). Ley 1418. Por medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006. DO: 47.910, de 1 de diciembre de 2010. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1418_2010.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2010b). Ley 1408. Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación. DO: 47807, de 20 de agosto de 2010. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1408_2010.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2010c). Ley 1426. Por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodista. DO: 47937, de 29 de diciembre de 2010. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1426_2010.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2010d). Ley 1407. Por la cual se expide el Código Penal Militar. DO: 47804, de 17 de agosto de 2010. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1407_2010.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2009). Ley 1309. Por la cual se modifica la Ley 599 de 2000 relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los miembros de una organización sindical legalmente reconocida. DO: 47392, de 26 de junio de 2009. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1309_2009.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2005a). Ley 971. Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones. DO: 45970, de 15 de julio de 2005. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0971_2005.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2005b). Ley 975. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. DO: 45980, de 25 de julio de 2005. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0975_2005.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2005c). Ley 986. Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones. DO: 46015, de 29 de agosto de 2005. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0986_2005.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2004). Ley 890. Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. DO: 45602, de 7 de julio de 2004. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2000a). Ley 599. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 44097, de 24 de julio de 2000. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html

República de Colombia. Congreso de la República. (2000b). Ley 589. Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 44073, de 7 de julio de 2000. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0589_2000.html

República de Colombia. Congreso de la República. (1999). Ley 522. Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar. DO: 43665, de 13 de agosto de 1999. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0522_1999.html

República de Colombia. Congreso de la República. (1994). Ley 137. Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia. DO: 41379, de 3 de junio de 1994. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0137_1994.html

República de Colombia. Congreso de la República. (1993). Ley 65. Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. DO: 40999. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0065_1993.html

República de Colombia. Corte Constitucional. (2011). Sentencia C-620. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-620-11.htm

República de Colombia. Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-317. Magistrada Ponente: Clara Ines Vargas Hernández. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-317-02.htm

República de Colombia. DP. (2012). Resolución 302. Por la cual se crea el Comité de Coordinación para la Gestión Defensorial a favor de las Víctimas. http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucin_302_defensora.pdf

República de Colombia. FGN. (2010). Resolución 2596. Por la cual se crea y reglamenta la estructura y funcionamiento de la Unidad Nacional de Fiscalía contra los Delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados. DO: 47888, de 9 de noviembre de 2010. http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucion_2596.pdf

República de Colombia. INML. (2008). Resolución 00281. Por medio de la cual se reglamenta el acceso al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres –SIRDEC–. http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucion_000281.pdf

República de Colombia. Presidencia de la República. (2015). Decreto 1084. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación. 26 de mayo de 2015. DO: 49523 de 26 de mayo de 2015. https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1084_2015.htm

República de Colombia. Presidencia de la República. (2010). Decreto 2952. Por el cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008. DO: 47.793 de 6 de agosto de 2010. https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_­2952_2010.htm

República de Colombia. PGN. (2011). Resolución 525. Por medio de la cual se imparten instrucciones precisas a los funcionarios del Ministerio Público para realizar el seguimiento y cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley 1408 de 2010, la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Protección Social y otras disposiciones. http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/Normatividad/resolucion_525_de_2011_sobre_inhumaciones.pdf

República de Colombia. PGN. (2009a). Procuraduría General de la Nación. gov.co. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Inicio.aspx

República de Colombia. PGN. (2009b). Resolución 50. Por medio de la cual se regulan las funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial del Ministerio Público en materia de desaparición forzada de personas. https://www.procuraduria.gov.co/sim/relatoria/.webdocumento?accion=verDocumentoRel&relId=MTQ2NTE==&mode=1#page=inline%3E

República de Colombia. Unidad para la Atención y la reparación integral a las victimas. (2018). Resolución 1958. Por medio de la cual se establece el procedimiento para el acceso a la medida individual de indemnización administrativa. DO: 50681 de 10 de agosto de 2018. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/resolucion-01958-del-6-de-junio-de-2018/42497

República de Colombia. UBPD. (s.f.). Acerca de la unidad de búsqueda. https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/acerca-de-la-ubpd/informacion-general/

República de Colombia. UBPD. (2021). Informe de gestión y rendición de cuentas 2020. UBPD. https://www.ubpdbusqueda­desaparecidos.co/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-gestion-y-rendicion-de-cuentas-UBPD-2020.pdf

RNI. (s.f.). Registro Único de Víctimas. Unidad de Victimas. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

SitiosVerdad. (2020, Diciembre 10). MNDM: más de 50,000 personas fallecidas sin identificar en los servicios forenses del país. Movimiento por nuestros desaparecidos de Mexico. https://movndmx.org/implementar-meif-2020/

Tzuc, E. (2021, agosto 31). Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense: el reto de regresar el nombre a miles de cuerpos. La Verdad. https://web.archive.org/web/20211203080402/https://laverdadjuarez.com/index.php/2021/08/31/mecanismo-extraordinario-de-identificacion-forense-el-reto-de-regresar-el-nombre-a-miles-de-cuerpos/

Tzuc, E. (2020, diciembre 10). Base de datos interactiva de cuerpos no identificados en México (2006-2019). 5° Elemento. https://quintoelab.org/crisisforense/datos/

Vélez, M. y Vélez, D. (2017). Desapariciones forzadas e involuntarias. El registro estadístico de la desaparición: ¿Delito o circunstancia? Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. https://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/fasciculo-desapariciones_digital.pdf

Verificado. (2021, agosto 31). Las desapariciones tienen permiso: 99.96% de impunidad en la materia. Verificado. https://verificado.com.mx/las-desapariciones-tienen-permiso-99-96-de-impunidad-en-la-materia/

* El presente artículo es producto del proyecto de investigación: Mujeres victimas de desaparición forzada una problemática compartida en el Estado de Mexico y el Departamento del Meta de Colombia. Su propósito principal conlleva la investigación de la efectividad de las acciones establecidas para apoyar a las víctimas desaparición forzada de los órganos estatales y demás actores de la sociedad, así como la realización de un cuadro comparativo Colombia y México.

Rosa María Caycedo-Guío es Magister en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Abogada. Docente de la Universidad Cooperativa de Colombia (Campus Villavicencio). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7180-1855

Leticia Hernández-Flores es Doctora en Administración. Abogada. Docente del Colegio Mexiquense de Toluca México (México). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6131-6629

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© The author; licensee Universidad de la Costa - CUC.

JURÍDICAS CUC vol. 19 no. 1, pp. 391–432. Enero - Diciembre, 2023

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