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JURÍDICAS Cuc, vol. 18 no. 1, pp. 421–446, Enero - Diciembre, 2022

Trece ideas en torno a la emergencia de las ciencias jurídicas reveladas por la pandemia global de la Covid-19: Del pacto social al reino de la ciencia

Thirteen ideas on the emergence of legal sciences revealed by the pandemic originated by Covid-19: From the social pact to the realm of science

DOI:  https://doi.org/10.17981/juridcuc.18.1.2022.17

Fecha de Recepción: 2022/03/04. Fecha de Aceptación: 2022/06/01

Edgar Córdova Jaimes

Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm (Colombia)

edgar_cordova38@hotmail.com

Bleidis Vanessa Quintana Pérez

Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm (Colombia)

bvannesaq@unisinucartagena.edu.co

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Para citar este artículo:

Córdova, E. & Quintana, B. (2022). Trece ideas en torno a la emergencia de las ciencias jurídicas reveladas por la pandemia global de la Covid-19: Del pacto social al reino de la ciencia. Jurídicas CUC, 18(1), 421–446. DOI: http://dx.doi.org/10.17981/juridcuc.18.1.2022.17

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Resumen

La gobernabilidad del Estado social de derecho se examina a partir de las decisiones asumidas por el gobierno en nombre de la bio política, a partir de la aparición de la COVID-19 (marzo de 2020). El presente trabajo tiene por objetivo interpretar las relaciones entre los acuerdos políticos, económicos y sociales que se derivan de ese diseño institucional en la que se fundamentó la gobernabilidad en la sociedad moderna pre Covid-19, y por otro lado las decisiones de los gobiernos, a propósito de la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de Salud-OMS). Se procedió a analizar el contenido y las formas presentes en las decisiones de gobiernos que determinaron el periodo de confinamiento y los procesos de flexibilización posteriores. Como conclusión se establece que elementos para la construcción de una sociedad pos pandémica dependerá en buena parte de la fortaleza a institucional democrática para el mantenimiento de las libertades y protección propias del estado de derecho, ya que de no existir tal fortaleza institucional esta relación pondría en peligro para la sociedad de libertades.

Palabras clave: Protección proyecto de vida; derecho público; ciencia política; Biopoder; Gobernabilidad

Abstract

The governance of the social rule of law is examined from the decisions made by the government in the name of biopolitics, from the appearance of COVID-19 (March 2020). The objective of this paper is to interpret the relationships between the political, economic, and social agreements that derive from that institutional design on which governance was based in modern pre-Covid-19 society, and on the other hand, the decisions of governments, Regarding the declaration of a pandemic by the World Health Organization-WHO. We proceeded to analyze the content and forms present in the government decisions that determined the period of confinement and the subsequent relaxation processes. In conclusion, it is established that elements for the construction of a post-pandemic society will depend largely on the democratic institutional strength for the maintenance of the freedoms and protections of the rule of law since in the absence of such institutional strength, this relationship would danger to the society of freedoms.

Keywords: Life project protection; public law; political science; Biopower; Governance

Introducción

Las presentes reflexiones que dan origen a estas ideas son parte de las reflexiones devenidas de preocupaciones desde la actividad científica, del compromiso universitario, pero del mismo modo como ciudadanos de ideas liberales, amantes de la libertad, testigos del debilitamiento de la democracia en nuestra región latinoamericana y la pérdida del bienestar que la misma propinó, pero también de las ambiciones del poder autoritario por reproducirse de manera in­misericorde sobre los derechos de una ciudadanía que se adormeció, frente al avance del falso neutralismo de la técnica, y el desprecio por la política, la cual discursivamente sostuvo esa corriente que avanzó distinguiendo tercamente entre lo político y lo administrativo, como dos entidades distintas, inconfundibles e incluso irreconciliables.

En este análisis se destacan corrientes que han denominado las discusiones sobre los problemas estructurales y coyunturales sobre el Estado, el poder y la ciudadanía, así como las relaciones que se expresan en esas coordenadas. Estas relaciones han sido explicadas a partir de posturas ideológicas diversas, desde la que centra el problema en el desarrollo a partir del acumulación del capital, y sus expresiones políticas y de poder, así como aquellas que se han centrado en la libertad absoluta y las renovadas ideas que la globalización, de tal manera que este recorrido ha incorporado por más de 30 años, a “derechas e izquierdas”, “más mercado o menos mercado”, o un diseño intermedio, lo que fue “la tercera vía” ,así se ha construido el andamiaje de la aparato explicativo de estos temas (Lechner, 1992; Vilas, 2001; Prati, 2000).

El pacto social en el marco de las idas de la modernidad, el cual dio lugar a las repúblicas liberales, y que luego fueron jalonadas por la tensión Estado-Mercado, desde la guerra fría, pasando por la Perestroika, y el debilitamiento y pragmatismo de la revolución cubana, así como el Socialismo del Siglo XXI y su rotundo fracaso, los cambios en la gran democracia norteamericana y la perdida de legitimidad de su sistema de elecciones, componen una parte muy visible de la crisis de gobernabilidad y de reacomodo de las fuerzas políticas, económicas y sociales a las que asistimos.

En los dos últimos años 2020-2021 con la aparición del Covid-19, se instala una aceleración de hechos y circunstancias las cuales exigen a las ciencias jurídicas, y sociales abordar esta coyuntura para establecer las explicaciones que permitan afrontar los cambios y sus efectos sobre el Estado, la democracia y la sociedad en general, con los enfoques pertinentes, desde la complejidad y con criterios transdisciplinarios e intra disciplinarios.

El presente trabajo centra su interés (objetivo) en el papel o las urgencias de las ciencias sociales, jurídica y política en particular, las cuales requieren incrementar la capacidad de análisis y el seguimiento de los hechos con una visión crítica, que conduzca de manera clara a crear las bases para tomar en cuenta las políticas, o planes de acción destinados al recate mantenimiento del Estado de derecho, y la democracia, más allá de los procesos electorales.

Por lo cual una revisión critica de los datos empíricos, así como de las posturas teóricas recientes sobre los hechos que durante dos años han marcado la tarea de gobernar en democracia y su implicación que han sido resueltas con la creación de normas, y suspensión de garantías propias del modelo republicano liberal, lograr un conjunto de interrogante para luego avanzar sistemáticamente desde la academia para lograr explicaciones, identificar crisis teóricas de estos viejos problemas de nuestras ciencias sociales política y jurídicas.

Este trabajo aborda un análisis sobre el Estado social de Derecho, la democracia (gobernabilidad), los derechos humanos en el marco de la crisis provocada por la pandemia COVID- 19, desde marzo de 2020.

Hecho a partir de lo cual los gobiernos definieron “estados de excepción”, al igual que decisiones tendientes a medidas extra­ordinarias que incluyeron el encerramiento domiciliario, el distanciamiento social. Estas medidas afectaron, el ejercicio de derechos como de reunión pública, manifestación, libre circulación y el acceso a la salud pública de manera homogénea sin considerar ni el trato diferenciado a determinados grupos vulnerables.

Por lo que esto ha conducido a procesos de descontentos, agravamiento de tensiones, y debilitamiento de la gobernabilidad a escala mundial, observables sobre todo en sociedades donde están mayoritariamente las libertades de expresión y vías para su canalización, como en el caso de países europeos, Estados Unidos, las conductas públicas y privadas de los gobiernos ha sido escrutada y puesta al tapete público, ocasionando que se expongan tratamientos desiguales, como lo refiere Alé (2021), cuando señala que el Estado al invocar la protección de la salud colectiva como razón para restricción de derechos producirá un conflicto en el disfrute de otros derechos fundamentales.

Acompañado a las medidas señaladas en párrafos anteriores los gobiernos han puesto o acelerado los procesos de vigilancia y control digital, los cuales varían de acuerdo con los niveles de sofisticación y posesión de sistemas de datos, por lo que a partir de ello encontraremos diferentes niveles. Estos procesos en la literatura se han vinculado a lo que se denominan “biopoder y/o biopolítica”, y a la preeminencia de lo tecno económico como plataforma de la democraci­a o nueva normalidad (Morro, 2021; Méndez, 2021). Recordemos a Foucault (1996, 2022), quien advirtió con sus trabajos acerca de esta forma de tecnología del poder capaz de moldear la vida humana a través del control disciplinario.

Se aprecia desde la óptica de la severidad y extensión de las medidas adoptadas, que estas coadyuvan a los regímenes auto­ritarios, como el venezolano, ya que como lo expresa Burgos (2020), “ha afianzado las detenciones arbitrarias y la opacidad informativa reina, [...] bajo la lógica de «ocultar mostrando», […] el Covid-19 ha sido usado con fines propagandísticos para enaltecer la eficiencia del gobierno y la robustez de nuestro sistema sanitario” (p. 87).

De tal manera que a través de estas coordenadas reflexivas se proponen pensar sobre el agravamiento de las capacidades de nuestras ciencias jurídicas y políticas para confirmar este contexto de cosas que han exacerbado a propósito de la pandemia global que implica la Covid-19.

La (des) gobernabilidad resentida

La crisis pandémica y sus consecuencias sobre las sociedades emergentes con democracias no consolidadas, envuelven auto­ritarismos de derecha o de izquierda, cuya expresión política expone falencias de los modelos económicos y políticos, ergo social ocasionando que los acuerdos institucionales que daban gobernabilidad a tales modelos dejarán de funcionar.

Estos acuerdos de funcionalidad del Estado pre-Covid (Estados Modernos), podrían inicialmente resumir sus características en el siguiente grupo de acuerdos:

1. Los acuerdos institucionales que provienen del derecho constitucional sobre todo en la década de los años ochenta y noventa y que integraron las reformas constitucionales en la región latino­americana, donde se reconoció a la “participación ciudadana, política, social” como pilar de este Estado de derecho.
2. El diseño de los modelos económicos y sus resultados en la informalidad productiva, así como en la precariedad de los sistemas de protección social del estado social de derecho y su relación con la protección del proyecto de vida.
3. La definición del modelo de administración pública, basado en el concepto de gerencia pública mediante la adopción de la tecno política y la adopción de la sociedad en red, retracción del Estado sectores fundamentales de la vida cotidiana.

Esta crisis alentaría las formas de exclusión que el estado de cosas políticas, económicas y sociales, producen en las poblaciones a partir de condicionantes territoriales presentes en el modelo pre-covid, informalidad, deficiencia de la administración de justicia, brechas y desigualdades, limitando aún más el goce de la “ciudadanía plena”, lesiona a su vez el carácter garantista del proyecto de vida por parte de la constitución con consecuencias negativas para la gobernabilidad (Córdova, 2020; Portela, 2020; Córdova y Hernández, 2019; Hernández y Chumaceiro, 2018).

La gobernabilidad es el Santo Grial de cualquier sistema político, logra la autoridad legítima a partir de las acciones de poder que le permitan permanecer en el y reproducirse claramente. Dentro de las democracias liberales, se ha concebido a través del establecimiento del Estado social de derecho el cual implica la protección de los derechos y el cumplimiento de las garantías constitucionales.

El Estado social de derecho: portación del derecho de vida

La concepción de Estado de derecho, se explica a partir de las posibilidades objetivas de la persona (ciudadanos) de hacer efectivos sus derechos, un sistema jurídico político, el cual facilite su proyecto de vida en el marco del concepto de dignidad humana, por lo que la verificación objetiva de las condiciones de orden constitucional, legal y sobre todas las cosas las de orden administrado constituyen elementos fundacionales para entender estas dinámicas. Este tema recobra singular importancia a partir de las circunstancias impuestas por el Covid-19, y las subsecuentes actuaciones de los gobiernos; una singular importancia para las ciencias jurídicas, en el entendido del estado de cosas las cuales han venido prevaleciendo a partir de la realidad de nuestras regiones que han socavado los cimientos de la democracia republicana

No podemos hablar de democracia en nuestras regiones sin que hagamos referencia a un concepto de libertades plenas y derechos humanos que se vean realizados políticamente, donde el ciudadano pueda gozar de sus derechos como persona, individual y colectivamente, como se ha señalado las falencias de los modelos sociopolíticos económicos, y de los derechos formales a partir de la sociedad en pandemia por la que transita desde 2020 y entrado ya el 2022.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH (2020), para el 2002 reconoce un estado de cosas que atentan contra los derechos humanos en nuestras sociedades:

[…] la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente por razones de género, de raza o etnia; así como por la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad. […] prevalece por parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y vandalismo; graves crisis penitenciarias que afectan a la gran mayoría de los países; y la profundamente preocupante extensión del fenómeno de la migración, del desplazamiento forzado interno, de personas refugiadas y apátridas; así como la discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad (p. 3).

La violencia, rapidez y en muchos casos la contundencia de las medidas excepcionales decretadas han de ser de acuerdo a Ayala (2020): necesarias, graduales, temporales, idóneas y proporcionales a la situación extraordinaria planteada, tanto médica como técnicamente, para lograr el fin de prevenir la propagación del virus y hacer posible el tratamiento de las personas afectadas. La gradualidad también es esencial en ambos sentidos: incremental, de menor a mayor intensidad, frente a la gravedad de la situación excepcional; y decreciente, de mayor a menor intensidad de la gravedad. La temporalidad de las medidas excepcionales es otro elemento esencial, ya que su duración está estrictamente limitada a las exigencias de la situación.

Democracia y sistema de libertades

En América latina asistimos desde hace más de 20 años a un deterioro muy visible de la calidad democrática; ocurrido en primer término a través del giro a la izquierda de un conjunto importante de países, atraídos por el “Socialismo del Siglo XXI” impuesto en Venezuela por Hugo Chávez con la ayuda de Cuba y el Foro de Sao Paulo, y el cual logró exportar gracias a los recursos petroleros con los que durante veinte años gozó Venezuela, y que ha terminado, luego de 21 años en el éxodo que ha representado la dolorosa migración de venezolanos, la postración de los derechos en Nicaragua.

Así como el debilitamiento de democracias liberales (Chile) o de sistemas progresistas corrompidos (Bolivia, Perú), y la perdida de institucionalidad de Argentina entre el peronismo de izquierda y el liberalismo empresarial, las migraciones de Centroamérica hacia la frontera entre México y los Estados Unidos, las brechas sociales en Colombia que han llegado a cuestionar el precario acuerdo de paz. La reciente fractura de las instituciones simbólicas de la gran democracia norteamericana evidenciados en los hechos ocurridos previa a la elección de Jhon Biden para la presidencia, sustitución del presidente Donald Trump en enero, son en conjunto ejemplos del debilitamiento de la democracia en la región.

Siguiendo esta línea de pensamiento, señala Barbeito e Iglesias (2020), que el escenario democrático donde irrumpe la Covid-19, está golpeado por los efectos económicos. Un síntoma de la crisis democrática lo constituye el ascenso del populismo, especialmente el de la derecha radical, que ha obtenido éxitos electorales durante el pasado decenio incluso en democracias muy arraigadas. “[…] los populismos han sabido explotar en su provecho, atribuyendo las dificultades presentes a la falta de eficacia de las instituciones políticas para resolver los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos” (Barbeito e Iglesisas, 2020, p. 704),

Cabe destacar que le populismo como mal no es privativo de las democracias liberales, también lo son el autoritarismo competitivo como el venezolano, nicaragüense y otros, los cuales encontraron en la distribución material destruir la empresa, la educación y originando el problema político más grande de la historia republicana de estos países con consecuencias continentales.

Resulta interesante para ilustrar el escenario latinoamericano donde irrumpe la Covid-19, por ejemplo, el índice de la revista The Economist clasifica la calidad democrática alrededor del mundo basado en cinco criterios: pluralismo electoral, y existencia de procesos democráticos; funcionamiento del gobierno; participación ciudadana (política de los ciudadanos); cultura política del país; y respeto a las libertades civiles. A partir de estos, otorga una calificación a cada país en un índice que en 2021 fue encabezado por Suecia, con una puntuación de 9.88.

Para el caso de Latinoamérica los países registraron un descenso en todos los criterios: Ecuador, México y Paraguay perdieron su estado de “democracias defectuosas” y ahora son designados como “regímenes híbridos”; y Haití pasó a integrar la lista de “regímenes autoritarios” junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se señala con especial preocupación a los gobiernos de Jair Bolsonaro en B­rasil, Andrés Manuel López Obrador México y Nayib Bukele en El Salvado­r, así entonces, Uruguay y Costa Rica son los únicos países que mantienen una puntuación suficiente como para ser consideradas “democracias completas” (The Economist, 2022).

Por estas razones se estaría frente a la necesidad de explicar la fortaleza del modelo de estado de derecho diseñado, y de la robustez del estado democrático para garantizar derechos y libertades.

La respuesta del Estado frente a la coyuntura de la Covid-19

Frente a la inestabilidad y al agravamiento de las debilitadas democracias latinoamericanas, vale decir de sus instituciones y capacidades para la gobernabilidad, los gobiernos generaron respuestas para afrontar la pandemia, a partir de diferentes intensidades, alcances y complejidades, de acuerdo a las posibilidades y capacidades e interés políticos del poder.

A propósito de ello, Gargarella y Roa (2020) indican:

[...] cuando existen momentos de inestabilidad institucional tan profunda, quizá es mejor adoptar decisiones que den pausa, estabilidad y control en lugar de decisiones que profundicen la excepcionalidad, la angustia social y la desestabilización de los poderes públicos. Además, el uso reiterado de algunas potestades presidenciales, como los estados de excepción, el veto a las leyes (objeciones) o la legislación por la vía de decreto, consolida un uso abusivo de ese tipo de mecanismos, provoca la banalización de los mecanismos de emergencia y crea una presunción de que estos son usados fuera del marco constitucional (pp. 6–7).

Las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos dejaron obviado el control ciudadano e interrumpieron el Estado de Derecho de manera abrupta, con pocas capacidades para participar sobre decisiones y alcances de lo que debía afrontarse; con el tiempo se desarrollaron o fortalecieron la visibilidad de grupos anti vacunas que de manera irresponsable, en la mayoría de los casos, se oponen a las medidas de inmunización, desinformando y creando más caos (Castiblanco, 2022).

En el plano económico, ya que los gobiernos cerraron sus economías (recesión por diseño), lo cual llevó a la parálisis de la producción (limitación de la oferta) en la mayoría de los sectores y disminución del consumo de varios tipos de bienes (disminución de la demanda) no indispensables, cambiando hábitos de consumo por la reducción de la movilidad, así como afectando el ingreso de los hogares por la caída de la actividad económica (Márquez, ٢٠٢١).

Las restricciones producto de la pandemia decretada en marzo de 2020, condujo con el pasar de los meses a reacciones de académicos y defensores de las libertades, quienes han interpretado estas acciones como amenazantes a la libertad y la democracia participativa, o como una oportunidad para debilitar el individualismo tal y como lo expresa Blanco, Nel·lo y Gomà (2020): “Las reflexiones que han ido apareciendo […] apuntan la existencia de dos escenarios posibles, de signo opuesto” (párr. 3).

Autores como Blanco, Nel·lo y Gomà (2020) argumenta un segundo escenario (contra tesis), donde se ubica desde el concepto mismo de la participación y de la acción solidaria que se desprendería de ella. A continuación, citamos:

En extremo, resultaría plausible también que la crisis actuara como un antídoto contra el individualismo, evidenciara la importancia de un Estado de Bienestar arraigado en la vida cotidiana y de unos servicios públicos considerados como bienes comunes, promoviera los comportamientos solidarios, impulsara los cuidados y su distribución equitativa y nos obligara a reconsiderar radicalmente nuestra relación con el medio ambiente (Blanco, Nel·lo y Gomà, 2020, párr. 4).

Del mismo modo Barbeito e Iglesias (2020) señalan lo siguiente al referirse a las practicas emanadas de la crisis y las acciones gubernamentales: “Se sostiene que tales prácticas, desplegadas en niveles locales, podrían generar comunidades ciudadanas auto-organizadas para afrontar futuros brotes pandémicos (y cualquier otra clase de contingencia) de manera más ágil, eficaz y equitativa” (p. 2).

Sin embargo pareciera temprano para concluir ello, pero la referencia empírica disponible de países como Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina muestran mayor aislacionismo e individualismo frente a la situación Covid-19, y un distanciamiento entre los sectores empleadores y empleados; el tema informalidad creó nuevas brechas y marginalizó sectores amplios del disfrute de techo, trabajo y otros beneficios, sobre todo para ciertos sectores más vulnerables como los migrantes, y aquellos trabajadores informales, indígenas, des­empleados y otros, agudizándose la situaciones de brechas pre existentes a la pandemia.

Como lo señala Ayala (2020) al referirse a la situación de las poblaciones pobres, quienes cuya economía diaria de subsistencia se basa en su trabajo en la calle o en el mercado popular del barrio, resulta imposible exigirles distanciamiento social, y menos aún, el encerramiento domiciliario o una cuarentena obligada, sin el apoyo efectivo del Estado. Del mismo modo ocurre con poblaciones indígenas, muchas de ellas aisladas de centros de salud y con unos patrones culturales ancestrales diferentes a la población urbana o criolla, la cual requiere de un tratamiento de políticas diferenciadoras para enfrentar la Covid-19.

Otras poblaciones de la sociedad como los niños y niñas, personas mayores, privados de libertad, migrantes, y otras, no se consideraron medidas particulares adaptadas a sus necesidades, ocasionando que las restricciones fueran más gravosas a partir de las debilidades inherentes a cada población. Se destaca un carácter de homogeneidad de las medidas adoptadas.

Todo lo anterior nos muestra, cómo las normas extraordinarias uniformes sobre encerramiento domiciliario, cuarentena y distanciamiento social dictadas por los gobiernos para enfrentar los riesgos de la pandemia causada por el Covid-19, requerían y requieren de un trato justo y diferenciado de determinados grupos sociales, especialmente de los grupos más vulnerables, para hacerlas compatibles con los principios constitucionales de una sociedad democrática y el respeto a los derechos humanos (Ayala, 2020, p. 17; 18).

El interés de este trabajo como ya se ha señalado estaría tratar la crisis grietas de los acuerdo político (en democracias emergentes) pre Covid-19, bajo las consecuencias derivadas por la amenaza de desintegración que ha causado la declaratoria de pandemia y las subsecuentes tomas de decisiones políticas1 (Oxon/BSG, 2021).

En este ejercicio, dadas las características novísimas del fenómeno se requiere en primer criterio pensar en ello críticamente, se ha producido mucho material donde se dan cifras y recomendaciones, pero son pocos los trabajos que se han enfocado en el significado de este fenómeno universal para la creación de conocimiento en las ciencias políticas y jurídicas, se parte de reflexiones, interrogantes asociadas a viejas y nuevas problemáticas, aquí se sigue particularmente a Sartori (2005) cuando nos invita a “ p­ensar antes de contar” (p. 13).

A continuación, se presentan trece reflexiones sobre temas clave sobre la compresión de la situación presente, así como de las perspectivas para la construcción ¿de la nueva normalidad o sociedad post pandémica?

Análisis: Trece reflexiones alrededor de las coyunturas a propósito de la Covid-19 y viejos problemas que enfrentan las ciencias políticas y jurídicas

1. La estructura política: A partir de la declaratoria de pandemia por el Covid-19, la estructura política, está exponiendo (haciéndose evidente) las debilidades de los modelos de organización política puestos en rigor desde la modernidad y sus procesos de conexión con la administración pública.

   Estas conexiones de la población con el Estado se distribuyeron históricamente a partir de los indicadores de desempeño de las sociedades, encontrando así diferentes tipo de abordajes partiendo del desempeño democrático y grado de desarrollo socio económico. Lo que ha llevado a las tipologías de sociedades más o menos protectoras, ubicándose en la parte central del spectrum político aquellos con policías de protección directa a las poblaciones, del mismo modo las decisiones tomadas por la elite gubernamental respecto al mecanismos de protección biológicas han respondido a esos esquemas, desatando conductas ciudadanas disimiles, a partir de dichos modelos en aquellos más desarrollados y con mayores fortalezas económicas y sociales y políticas, la reacción de rechazo fue de más guardia, no obstante en países con debilidades políticas en materia de libertades y deficiencias históricas en sus mecanismos de distribución (como los latinoamericanos) el rechazo fue más inmediato. Sin embarg­o, en ambos extremos se debilitaron y expusieron las falencias del modelo políticos respecto a la portación del proyecto de vida de los ciudadanos y en general y mostraron la mecánica mas natural del estado y su función de dominación, ya sin los limites del sistema de libertades moderno en funcionamiento (Quiroga, 2000).

2. La pandemia se ha expresado homogéneamente en el planeta, las respuestas de los gobiernos ante esta situación han sido disímiles; se observan gobiernos que ha enfrentado el problema desde el compromiso individual de los ciudadanos como una responsabilidad cuyos límites estaría en la persona (Estados Unidos, países de Europa del norte), hasta países con serias deficiencias democráticas (como Venezuela), conformando un “Estado policía”, que todo lo prohíbe, y vigila a través de diferentes mecanismos controles de salud, redes, aplicaciones app y otros, al estilo de panóptico (Foucault, 1996, 2002), debilitándose el pacto político suscrito, en la constitución, sustituyéndolo por “actos administrativos” a todos sus niveles (nacional, sub-nacional y municipal), agravando los indicadores de protección de derechos humanos y fortaleciendo significativamente el autoritarismo instalado, reduciendo las posibilidades de movilización, protesta y lucha de los ciudadanos en procura de la protección de sus derechos.
3. En el medio de este spectrum estarían una serie de democracias latinoamericanas con diverso nivel de desarrollo, como Colombia, Brasil y Chile, entre otras, donde se suspendieron una serie de libertades en nombre del bienestar colectivo, las decisiones se focalizaron en el poder ejecutivo. Esta situación ha expuesto una crisis importante existente en las mismas a pesar de su adecuado desempeño económico: inequidades, pobreza, mala administración de justicia, falencias del desarrollo económico, que en la fase de flexibilización dieron como resultado en Chile una elección histórica en las que se decidió por un cambio de modelo político y económico, con el triunfo del presidente izquierdista Gabriel Boric en diciembre de 2021, en el caso de Colombia luego de un cuestionable acuerdo de paz, y de históricamente ser un país de muchas desigualdades, las elites políticas tradicionales se enfrentan a una fortalecida candidatura de la izquierda colombiana la que nunca ha gobernado el país, con un polémico candidato que posibilidades de obtener la presidencia, el candidato Gustavo Petro, encabezando una polarizadas elecciones presidenciales para junio de 2022.

   Toda esa informalidad económica, laboral, mediadas por protagonismo de elites económicas ,y cooptación ciudadana, al combinarse con las restricciones provenientes de las decisiones restrictivas que se forjaron a propósito de la declaratoria de pandemia 2020 exacerbó la crisis de un modelo que actuó hasta el mes de marzo de 2020 en medio de unos acuerdos de estabilidad (pacto de elites), reglas claras y creciente internacionalización que durante largo tiempo reinó, pero que se vió fracturado ante la paralización de sus lógicas de intercambio comercial, políticas y sociales (Martínez y Sánchez-Ancochea, 2020; Oxon/BSG, 2021).

4. Asistimos a una crisis del conocimiento político, económico, jurídico y social disponible, así como de sus aparatos y técnicas. A partir de lo cual se expresan un conjunto de interrogantes, dudas, y urgencias respecto a sí, esta crisis (por las evidencias empíricas) son de vieja data, y si simplemente estás operan como acelerador para el agravamiento de los indicadores de la calidad de democracias.

   La necesidad de comprender por una parte si estas circunstancias inéditas universales, permitirían una vía rápida para elaboración las decisiones centralizadas en el poder para la optimización procesos políticos tendientes a las nuevas eficiencias requeridas para la reproducción de este (economía-mercado-dominación, conformación de nuevo orden mundial) (costo-beneficio), que largamente se han incorporado a los campos de la administración pública a través de diversas acciones: flexibilización de relaciones laborales, mediatización de la relación ciudadano administración, protagonismo del sector privado y de elites con vocación de poder hegemónico, el teletrabajo, entre otras, y que han tenido en la llamada cuarta Revolución Industrial 4.0, su más refinados planteamientos, lo conduciría a relaciones de poder en una sociedad más artificial y políticamente controlada por algoritmos (Vila, 2019).

   Y por otra parte si estas dinámicas, así como favorecen el autoritarismo del mercado, podría favorecer el autoritarismo de izquierda, o —progresistas—, contenido en el socialismo del s­iglo XXI, y si esta escalada crisis abarca una redefinición de la geopolítica global, y de cómo las sociedades de América Latina, África, y buena parte de oriente sirven de estructuras facilitadores en ese nuevo orden mundial el cual pareciera que empieza a conformarse con la crisis de la gran democracia de occidente Estados Unidos.

5. Tales cambios en las relaciones de poder a escala nacional e internacional, están abriendo nuevas brechas (¿serían el sustento del nuevo orden mundial? —entre aquellos centros de desarrollo de tecnología, distribución inmaterial, redes, conectividad, software y países consumidores. Esta brecha estaría determinada por las posibilidades económicas en adquirir y/o desarrollar tecnologías, así como también, por controles impuestos a la información y disposición de conectividad y por el poder por razones de orden ideológico, lo que significa además de la exclusión de muchas personas, un cambio en el derecho internacional y debilitamiento de barreras ideológicas. Estructuras políticas como la Unión Europea, del mismo modo agudiza su crisis iniciada con la salida del Reino Unido de la Unión, aprobado por Referendum en junio de 2026 y concretado en diciembre de 2020 (Brexit), con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a poner en vilo los conceptos del equilibrio de la paz mundial, y sus diversos mecanismos como la OTAN. Aunado a ello, interrogantes tales como, ¿ha llegado el fin del concepto de Globalización?, ¿estamos en presencia de nuevas hegemonías?, ¿cuál sería el papel de nuestras sociedades latinoamericanas dentro de esas nuevas ecuaciones de poder?, ¿hay un cambio sustancial en los conceptos sociopolíticos que han sido el sustento de la sociedad moderna, la familia, el trabajo, la salud?
6. Estos cambios se presentan en medio de coordenadas que han marcado las relaciones internaciones durante las últimas décadas, luchas por la hegemonía económica y política globales, entre China, Estados Unidos y Rusia, la pérdida de influencia de los Estados Unidos en regiones como América Latina, lo que han llevado a teorías conspirativas de diversa índole, las cuales señalan que lo ocurrido con la Covid-19, es producto de una —nueva guerra del siglo XXI—, fundada en el conocimiento biotecnología.

   En este contexto los países latinoamericanos terminan siendo ecuaciones menores en medio de este juego de poderes hegemónicos donde cabría preguntarse: ¿El mundo será de quien encuentre las vacunas?, ¿de quienes desarrollen más biotecnología?, ¿se convertirá esto en el petróleo del siglo XXI?, ¿el mundo deberá avanzar a tratados de biotecnología como se hizo con la energía nuclear?, ¿está planteada una nueva estrategia de relacionamiento internacional, la cual conducirá a un nuevo orden mundial como problema central retraimiento o transformación del concepto de globalidad por volver al concepto de fronteras (físicas) y epidemiológicas (Coronel, 2021).

7. Los cambios en progreso acelerado a escala global están teniendo un impacto significativo por lo menos en una fase inicial en la (re) conceptualización y alcances de la “globalización”, “inter­nacionalización” e interconexiones mundiales” (países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE/Objetivos de Desarrollo Sostenibles-ODS, países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo-OPEP), que fueron hasta hace poco concepto fundamental para el diseño, puesta y justificación de estrategias para la economía internacional (políticas públicas), nacionales y regionales. Ahora la inmediatez espacial y sus significaciones son vitales para la adaptabilidad en una “etapa precaria de subsistencia a escala global”, el concepto de “comuna”, “barrio” y “sector”, entre otros que hacen referencia al espacio físico inmediato, combinado con espacio electromagnético, parecieran ser inaplazables en unas acciones que busquen lograr impacto rápido y eficiente en el reacomodo político social y jurídico para lograr subsistir en la nueva realidad que se inaugura.
8. Si se comparan las áreas de trabajo y el instrumental teórico-epistemológico de las ciencias sociales y jurídicas con las realidades presentes complejas e inestables aceleradas por las consecuencias de la declaratoria de pandemia y sus instrumentalidad normativa, estás lucen insuficientes perdiendo capacidad explicativa reflejando la ya evidente crisis teórica por las que transita en más de dos décadas las ciencias sociales para explicar los temas de desarrollo y estado social de derecho.

   Las áreas y problematizaciones tradicionales en las ciencias sociales, jurídicas y políticas se han concertado alrededor de una realidad predecible, con dinámicas comprobables para modelos políticos, económicos más o menos uniformes (como son los norteamericano y europeo). Las democracias emergentes como las latinoamericanas parecieran requerir enfoques más complejos que den cuenta de la crisis planteada desde la visión de la postmodernidad, explicar sus bases estructurales para lograr comprender lo que ocurre en sus diversas dimensiones, política, social, económica y humana. Esta emergencia en el campo de las ciencias sociales, que ya ha sido reconocida por casi todas las universidades del mundo, también impacta el oficio del investigador en el campo de las ciencias sociales, jurídicas y políticas, ya que hace de este un proceso pleno de incertidumbres y retos.

9. Observamos a partir de la referencia empírica un desplazamiento del poder de coerción normativo estatal, por el —absolutismo de ciencia—, o de la —bio ciencia—, el conocimiento del cuerpo humano, como incluso ya lo advirtió Bossuett (1974), cuando escribió “La política Sacada de las santas escrituras”, para justificar el derecho divino de los reyes franceses a gobernar, cuando señaló, que “el poder debe reproducir la naturaleza humana, unos débiles otros fuertes, unos que gobiernan otros obedecen, la cabeza del hombre gobierna al cuerpo” (p. 1), pareciera asimilar que el sistema social político debe obedecer a una suerte de reproducción de condiciones vitales para la existencia natural y política del hombre, el derecho a la salud, al medio ambiente, un equilibrio logrado a partir de condiciones del sistema natural menso geografía política e histórica y más conocimiento, del cuerpo humano y de su expresión mediante logaritmos.

   Las decisiones de orden público, relativas a las libertades: —escoger que hacer o que no— hasta en el ámbito privado es inter­pretado por lo que en los laboratorios se dictamina, el poder y sus intenciones de reproducción intrínsecas, ha instrumentalizado la crisis pandémica para someter a los ciudadanos, y establecer normas generales y específicas, por encima del pacto político acordado (estado de derecho-­Estado social de derecho derecho constitucional), entrando en una suerte de dictadura de la ciencia en beneficio de todos. El tema del poder el cual ha dominado toda la producción científica de las ciencias sociales, jurídicas y políticas, está sometido a nuevas formas de expresión las cuales han de ser comprendidas.

10. La racionalidad normativa dependiente de las condiciones impuestas por la declaratoria de la pandemia en su ciclo de confinamiento como en las subsiguientes etapas parecieran servir de base para un esquema político destinado al sometimiento de las sociedades, favoreciendo la reproducción del poder de elites de diverso signo ideológico (las llamadas elites globalizantes de mercado y aquellas autodenominadas progresistas o provenientes del socialismo del siglo XXI como en la región de América Latina), de tal manera que esta etapa ha significado una oportunidad par a ambas corrientes ideológicas históricamente ubicadas, favoreciendo estructuras nacionales e internacionales de apoyo para control, vigilancia, de las personas; los ciudadanos han respondido ante las pandemia con —el miedo—, frente a la obediencia, sobre todo en aquellos países con menores capacidades de expresar desacuerdos, instituciones de derechos humanos débiles y mucho control estatal. ¿Cómo explicar la democracia y los derechos del proyecto de vida que todos tenemos en este marco? ¿Cómo asumir esta situación que se presenta sin límites de tiempo?
11. La salud se convierte en un requisito el cual permitiría disfrutar ciertos derechos a la vigilancia impuesta para ingresar y/o desplazarse a ciertos lugares nacional o internacionalmente, o reconocer un tipo de vacuna, a partir de su origen (vacuna rusa vs. vacuna hecha en el mundo libre), medición de temperatura, obligatoriedad de certificaciones médicos de vacunación para trabajar, usar transportes, no es la acordada por la administración de salud ciencia, la persona se cancela desde sus derechos es una especie de persona descartable. Con la sofisticación que tendrá a mediano plazo la bio-vigilancia, impondrá restricciones a derechos fundamentales, a —vivir o morir— de acuerdo con creencias y convicciones de los miembros de determinadas sociedades.

    Los estados dirigirán más esfuerzos a la salud y a políticas de cuidado de la misma, conectando con el resto de actividades, sociales y productivas, cambiando las formas regulares de asociación social, produciendo nuevas relaciones jurídicas y política­s. En estas medidas, los estados serán capaces de avanzar eficientemente trabajando coordinadamente y con asistencia de los organismos internacionales en la nueva “red internacional” la cual ostenta un saber técnico, jurídico, tecnológico y práctico que podría permitir la implementación acelerada de medidas para la certificación e identificación de las personas, y determinar las nuevas formas de organización, funcionamiento en temas de comercio transporte, servicios, participación en la vida política, y social, y nuevos acuerdos para el equilibrio de la paz mundiales.

12. El derecho al trabajo ha sido uno de los indicadores de incorporación del hombre y la familia a la sociedad moderna con todos los derechos. La pandemia hizo lo que no pudo el neoliberalismo a través de su desregulación y flexibilización, reducirlo y centralizarlo a su más mínima expresión, lo que se ha concretado en —el teletrabajo—, esta visión del trabajo se confronta con la concepción del —Trabajo Decente— en los términos definidos por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), al concebir que este requiere de una doble visión, que el ejercicio laboral pueda generar posibilidades a los individuos para su realización, no solo material, sino humana, eso implica un compromiso del patrón y del trabajador en un marco social amplio, el cual no se agota en la oficina, el taller o el espacio físico en el que se realizan las actividades.

    El teletrabajo que no es un fenómeno nuevo, pero que, si se fortaleció durante la pandemia, solo funciona para un segmento de la población, los más preparados, los más jóvenes, lo menos pobres, ¿qué pasa con aquellos cuya actividad no se puede hacer por teletrabajo, artesanos, obreros, miles de actividades que requieren materialmente que se ejecuten?

    El trabajo remoto constituye una realidad tangible la cual apunta hacia la eficiencia productiva mediante la incorporación de la tecnología en diversos campos productivos y de servicios, ha cambiado definitivamente el concepto de trabajo tradicional, valga decir de una buena parte de este, descentrándolo, flexibilizándolo, a su punto más animalista, nuevas normas juridicas, así como enfoques sociológicos de trabajo se requieren para conciliar las necesidades de los ciudadanos y la sociedad teniendo al tele­trabajo como mediador de esta relación.

13. Todas estas reflexiones nos conducen a la necesaria comprensión de la crisis planteada empírica y teóricamente desde el aparto teórico disponible y de las herramientas metodológicas y técnicas. Una nueva epistemología surge de la observación de la realidad, la cual exige a la comunidad científica avanzar hacia explicaciones integrales que abarquen todos los aspectos de la realidad y el caos presentes. El tipo y alcances de los proyectos deben superar, la obviedad, el enfoque de casos, y adentrarse a las ideas, “pensar y luego contar”, decía Sartori (2005), enfoques más críticos como lo plantean Adorno y Horkheimer (Sartori, 2005; Tischler y García, 2017).

Conclusiones finales

Las ideas conclusivas de análisis arrojan más interrogantes e incertidumbres que certezas. La proximidad y situaciones en curso, los alcances globales, la heterogeneidad de los diversos sistemas políticos, económicos y sociales aportan variables diversas a considerar, por lo que los esfuerzos para comprender todas estas relaciones y su impacto en el debilitamiento del sistema político y de libertades actuales, resultan en un enorme reto, para crear tipologías a partir de las realidades políticas, económicas y sociales.

La teoría disponible sobre la gobernabilidad asociada a la calidad de la democracia, la participación ciudadana y los procesos de legitimación (adhesión-oposición) pareciera estar presentando algunas limitaciones para explicar la solidez de los modelos de democracia y gobernabilidad en la sociedad pactada pre Covid-19, en sus fases de, confinamiento y posterior flexibilización así como de las perspectivas que sobre el funcionamiento de la sociedad, a partir de lo surgen de manera inicial un conjunto de interrogantes:

¿Hay necesidad de un nuevo diseño para una sociedad post pandemia?, ¿cuál papel juega la economía y su impacto en el mundo del trabajo?, ¿se requerirá un nuevo o nuevos pactos para funcionar social y políticamente en dicha sociedad?, ¿se refuerza la teoría de sociedad más acotada en un concepto de red que suplante las formas tradicionales de intercambio y transacciones políticas la sociedad globalizada?

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Edgar Córdova Jaimes es Doctor en Ciencias Políticas. Profesor e investigador de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm (Colombia). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2450-6156

Bleidis Vanessa Quintana Pérez es Magister en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Profesora e investigadora de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm (Colombia). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2606-7409

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